¡ESTAMOS HECHOS!

PARA “LA PROVINCIA” ¡ESTAMOS HECHOS! Orlando Clavijo Torrado Diríamos que por estos días en Colombia están de moda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los ácidos. En cuanto a la CIDH, un organismo que como su matriz la OEA es acusada de aliento izquierdista, ha venido sonando con motivo de la sanción que el Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, le impuso al alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Éste, aferrado al puesto como una lapa, ha echado mano de todos los recursos, incluidas constantes convocatorias a asonadas, delitos por el que nadie se ha atrevido a denunciarlo ni a abrirle indagación punitiva. A propósito de dicha transgresión conviene recordar que la contempla el artículo 469 del código penal y su descripción se ajusta perfectamente a las proclamas a grito herido de Petro para desconocer instituciones y autoridades, en lo que el exalcalde es ducho desde que militaba en el M19. (Igualmente vale la pena señalar que a raíz de la Constitución Política de 1991, un “golazo” perfecto – como lo llama mi amigo Olger García - de la izquierda en la Asamblea Constituyente, la legislación sufrió también fundamentales cambios, entre ellas la del código penal que venía rigiendo desde 1936 con múltiples reformas hasta el año 2000 en que se expide la Ley 599. Pues bien: anteriormente los “delitos contra la existencia y seguridad del Estado” ocupaban las primeras páginas del código. En la Ley 599 estos delitos pasaron al final del libro. Seguramente se alegó que primero se considera al hombre y de último al Estado, pero el efecto es que un hecho ilícito como la asonada dejó de ser importante; fue concebido ahora en tres líneas mientras que en el antiguo código tenía cuatro incisos, el primero de ellos extenso, minucioso y objetivo. El que no vea el propósito de semejante vuelco no está en nada). El hecho es que Petro sentó un grave precedente: cualquiera se puede alzar contra las providencias del Ministerio Público y del Poder Judicial e incluso contra el presidente de la República, y presentarse ante la CIDH como un angelito, como alguien que no rompió ningún plato y solo es víctima de la persecución implacable del monstruoso estado colombiano, para que aquella lo ampare y lo ponga a buen resguardo de sanciones judiciales o administrativas. Por ello, el abogado de los taxistas que asesinaron a un investigador estadounidense, con rango diplomático, pretendiendo parar la extradición acudieron a la CIDH mientras los familiares de los victimarios hacían una manifestación frente al Palacio de Justicia. ¡Ahora sí nos llevó el patas! La compusimos, o la pegamos, como decían los abuelos. O estamos hechos, dicen los muchachos hoy en día. Nadie quiere pagar sus crímenes o sus faltas administrativas. ¿Quieren preguntarles a los cabecillas de las Farc? En cuanto al uso en estos últimos meses del ácido sulfúrico, principalmente contra las mujeres, abisma la “creatividad” de los delincuentes. Yo estoy de acuerdo con que se reclasifique el delito, que no se le siga juzgando como simples lesiones personales agravadas sino como otra entidad de mayor gravedad, por ejemplo, tortura, o como uno nuevo, el de “aniquilación humana”, con altas penas y sin beneficios para la libertad. El ácido no era tan mentado hasta hace poco. Ninguno. Los guasones comentan que sólo en los entes gubernamentales nacionales y en los pasillos de la gobernación o de la alcaldía se nombra un ácido, muy temido por los empleados públicos. Este ácido se esparce cuando el tutor del subalterno ha perdido la cuota de la mermelada burocrática por falta de acuerdo con el nominador. Entonces, sale un decreto disparado contra el pobre servidor en que le dicen que “ha sido declarado insubsistente” o que “ha sido destituido”. Esto es, que lo pusieron de patitas en la calle. ¡Y a buscar a otro jefe de otro grupo para lamberle a ver si le consigue nueva chanfa! orlandoclavijot@hotmail.com 22 de abril de 2014.